El mes que viene, si no hay ningún imprevisto, abrirán las puertas de la oficina fiscalizadora y recibirán a la primera delegación de técnicos provenientes desde Washington para corroborar si están cumpliendo las medidas de ajuste establecidos en el memo.

Entre los principales trabajos de la oficina que funcionará en Buenos Aires se encuentra la administración de documentos secretos describiendo la situación económica de la Argentina y analizando el panorama político que protagonizan Mauricio Macri y la oposición. Christine Lagarde, directora ejecutiva del FMI, quiere saber en tiempo real si Macri está cumpliendo las metas acordadas y si el peronismo tiene posibilidades de regresar a la Casa Rosada.

Hasta el momento el directorio del FMI solo accedía a la información pública y reservada que se aportaba desde la administración de Macri. Con la apertura de las oficinas en Buenos Aires, el futuro representante del FMI podrá consultar además a la oposición y a los expertos privados que analizan y reportan la situación de la economía. La suma de la información oficial y los dossiers privados permitirán al FMI tener una visión más detallada de la compleja realidad nacional.

En este contexto, la pretensión de Lagarde es abrir las oficinas durante agosto para tener información actual y cruda de las negociaciones que emprenderá Macri con la oposición para lograr un acuerdo de ajuste fiscal que satisfaga al Fondo y a la clase política de la Argentina. Se trata de un acuerdo institucional muy difícil y azaroso, y Lagarde no quiere depender únicamente de la información que reciba de Nicolás Dujovne, su contacto más cercano en el gabinete nacional. Si la apertura no se logra en ese mes, igual está previsto que una delegación del FMI aterrice en septiembre para la primera revisión del acuerdo que implica un crédito de USD 50.000 millones.

Pese a la voluntad política que exhibe Macri para empujar el cumplimiento de las metas, Lagarde y su staff técnico-político ya asumieron que la oposición peronista es un obstáculo muy difícil de esquivar. El gobierno ya inició una negociación formal con gobernadores justicialistas, pero los tiempos corren y no se considera posible un acuerdo institucional a corto plazo. El presupuesto nacional 2019 debe ingresar a la Cámara de Diputados antes del 16 de septiembre y todavía no hay un solo acuerdo específico entre Cambiemos y las distintas variables peronistas.

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