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SUSCRIBITELa Justicia de Brasil resolvió que Agostina Páez, acusada de racismo, pueda volver a la Argentina pero deberá cumplir con tareas comunitarias.
La abogada acusada de racismo en Brasil podrá volver a la Argentina
La Justicia de Brasil resolvió que la abogada argentina Agostina Páez, acusada de realizar gestos racistas en Río de Janeiro, podrá volver a la Argentina y deberá cumplir tareas comunitarias como parte de la resolución judicial.
La decisión fue tomada este martes durante una audiencia en el Tribunal Penal N°37, donde se analizó su situación procesal tras la denuncia en su contra.
Luego de la resolución, la joven de 29 años manifestó su alivio ante los medios, aunque aclaró que su tranquilidad dependerá de poder regresar al país.
“Me siento aliviada, pero mientras no esté en la Argentina no voy a estar en paz”, sostuvo. Además, señaló que su prioridad es volver a Santiago del Estero para reencontrarse con su familia.
También reconoció que, si bien le gustaría regresar en algún momento a Brasil, actualmente el país le genera temor debido a la situación vivida.
El debate comenzó por la tarde y se extendió durante varias horas. En la instancia judicial, solo estuvieron presentes la acusada, su abogada defensora, representantes de la fiscalía, la querella y autoridades consulares argentinas.
Durante la audiencia declararon los empleados del bar donde ocurrió el hecho, seguidos por la exposición del fiscal. Por su parte, la defensa solicitó que el proceso pudiera resolverse sin una condena de cumplimiento efectivo y con posibilidad de regresar al país.
En el sistema judicial brasileño, este tipo de audiencias concentran gran parte del proceso, ya que el juez puede definir en el momento la situación del acusado.
El hecho ocurrió mientras la joven se encontraba de vacaciones en Río de Janeiro junto a un grupo de amigas. En ese contexto, fue filmada realizando gestos considerados racistas a la salida de un bar en la zona de Ipanema.
Tras la denuncia de empleados del lugar, la mujer fue detenida e imputada por tres hechos de injuria racial, un delito que en Brasil contempla penas severas.
De acuerdo con la legislación vigente, cada episodio puede ser castigado con entre dos y cinco años de prisión, lo que en el peor de los escenarios podía derivar en una condena de hasta 15 años.
Antes de la audiencia, la acusada había manifestado su preocupación por la posibilidad de ser detenida, señalando que temía por su integridad física y que había recibido amenazas.
En relación a los hechos, negó la intencionalidad racista, aunque reconoció que su reacción fue inapropiada. “No justifico mi reacción, fue pésima”, afirmó, al tiempo que expresó su intención de pedir disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos.
La decisión judicial de permitir su regreso a la Argentina y la realización de tareas comunitarias evita una posible condena de prisión efectiva en Brasil.
El caso generó amplia repercusión tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública, y reavivó el debate sobre las conductas discriminatorias y sus consecuencias legales en el exterior.
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