El programa determinaba que los empleadores debían avisar las desvinculaciones al Ministerio de Producción y Trabajo con diez días hábiles de anticipación, como lo indicaba el decreto presidencial de noviembre pasado.

Los sindicatos menos confrontativos con el Gobierno -que hicieron su propio paro en el feriado, desmarcándose de Moyano y sus aliados- quieren además implementar cambios en el programa, ya que advirtieron sobre dificultades en su aplicación y detectaron que durante el plazo que tuvo vigencia no cayó el desempleo. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) durante febrero se registraron 252.500 empleados menos que en el mismo mes del año pasado.

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Los gremios de la CGT apuestan a la "gobernabilidad" en medio de la crisis económica y la volatilidad del dólar. Del otro lado, desde el Ejecutivo, las negociaciones están en manos del ministro de Producción y Trabajo Dante Sica y de su par bonaerense Marcelo Villegas.

En paralelo avanzan con el Ejecutivo en las negociaciones paritarias. Entre los planes en danza están la habilitación de acuerdos trimestrales o semestrales y la incorporación de pagos no remunerativos, consigna La Nación.

La medida de fuerza dispuesta por Moyano generó una dura interna en la central obrera, entre quienes apuestan a las negociaciones y al diálogo con el administración de Mauricio Macri y quienes exigen un endurecimiento de posiciones. Por el momento no está prevista una convocatoria del consejo directivo.

Para alivio del Gobierno los líderes de la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer, no impulsan un paro general. Por un lado, consideran que una medida de fuerza no tendrá correlato en la política económica. Por el otro, pesan los descuentos que se les hacen a los empleados que no van a trabajar.

A principios del mes pasado, además, el Ejecutivo tuvo dos fuertes gestos con los gremios. Engrosó los fondos que les otorga a las obras sociales, al aumentarlos en $ 13 mil millones. Además creó la Agencia de Tecnología Médica, un organismo que les permitirá a los sindicatos bajar la cantidad de amparos judiciales a la cobertura de servicios médicos que no estén incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

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