El juez federal Ariel Lijo solicitó a tres empresas contratistas del Estado nacional que entreguen de forma completa la facturación y el detalle de las operaciones realizadas con la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni.
La medida apunta a determinar qué tipo de servicios brindó la firma y si existió algún tipo de direccionamiento irregular en esas contrataciones. La investigación busca establecer si esos vínculos pudieron haber sido utilizados para generar un sistema de retornos con fondos públicos.
Qué empresas deberán presentar información
Las firmas alcanzadas por el requerimiento judicial son Datco, National Shipping y Foggia Group. Según se informó, deberán detallar todas las operaciones comerciales y las facturaciones emitidas junto a +BE.
Datco figura como proveedora de ARCA, AySA y Aerolíneas Argentinas. National Shipping es contratista de YPF, mientras que el Grupo Foggia está vinculado a la concesión de Tecnópolis.
Qué investiga la Justicia
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. El expediente busca determinar si Bettina Angeletti fue beneficiada de manera irregular con contratos de consultoría vinculados a proveedores estatales.
Manuel Adorni y su esposa
En esta etapa preliminar, Lijo también pidió información a la Inspección General de Justicia para que identifique a los beneficiarios finales de las contrataciones y remita los legajos societarios de las empresas involucradas.
Además, solicitó a la Jefatura de Gabinete, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones, que informe si Datco, National Shipping y Foggia Group son contratistas recurrentes del Estado y acompañe la documentación de los procesos de adjudicación.
Otras causas que rodean a Manuel Adorni
Esta investigación corre en paralelo a la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Adorni, que está en manos del fiscal Gerardo Pollicita. También hay otras pesquisas abiertas sobre el jefe de Gabinete, entre ellas una por un viaje familiar a Punta del Este y otra por un vínculo comercial con el periodista Marcelo Grandio.
Hasta el momento no hay imputaciones formales ni procesamientos en esta causa. Entre los posibles delitos que se analizan aparecen fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.
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