En 1997, nuestro país firmó la Convención para combatir el cohecho de los servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que estaba enfocada en luchar contra la corrupción desde una perspectiva de ofertas de soborno.

Esta firma fue ratificada en 2001 pero en ningún momento fue regulada en por el Congreso Nacional. Fue recién el 20 de octubre del año pasado que el Gobierno presentó el proyecto de ley formulado por la Oficina Anticorrupción pero este año se empezó a tratar.

“Llevábamos 16 años de incumplimientos tras la firma del convenio por el cual Argentina tenía que adecuar la normativa interna y transformarla en la responsabilidad penal”, aseguró Gabriela Burgos, diputada nacional por nuestra provincia y presidente de la Comisión de Legislación Penal en el Congreso.

La diputada explicó que “si bien el sistema argentino ya tiene leyes que habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en particular, no había nada que lo haga en planos generales”.

Con la sanción de esta ley, las personas jurídicas también serán responsables de los delitos que se cometan dentro de ellas como cohecho; tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances.

Entre las sanciones podrían caber multas de hasta el 20% de los ingresos brutos anuales, suspensión de actividades por hasta 10 años, pérdidas de subsidios y hasta la cancelación de la personería jurídica, dependiendo de la gravedad. Lo recaudado será distribuido en los ministerios de Educación y Deportes, y Salud.

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