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SUSCRIBITETony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, está acusado por el triple crimen de Florencio Varela y permanece detenido en Marcos Paz.
“Pequeño J” denunció condiciones inhumanas en la cárcel de Marcos Paz (Archivo)
La defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, denunció presuntas “torturas psicológicas” y condiciones inhumanas de detención en el penal de Marcos Paz. Su abogado presentó un hábeas corpus contra el régimen de aislamiento y pidió que pueda realizar videollamadas con su madre y su hermana, residentes en Perú.
Valverde Victoriano está señalado como uno de los principales acusados por los asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años; Brenda del Castillo, de 20; y Morena Verdi, también de 20, ocurridos en Florencio Varela.
La defensa desplegó una doble estrategia judicial: apeló el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo de mil millones de pesos, y además cuestionó las condiciones en las que permanece detenido.
El abogado Lucas Contreras Alderete sostuvo que su defendido se encuentra alojado en una celda individual y sin contacto con otras personas. Según el planteo, ese régimen implicaría una situación de “tortura y violencia institucional” y superaría los límites propios de una medida de encierro.
“Estos hechos de aislamiento e incomunicación pretenden aplicar un daño excesivo e inconmensurable, transgrediendo así el límite tolerable de dolor que conlleva implícita la pena de encierro”, sostuvo la defensa en su presentación.
El abogado pidió que se declare inconstitucional el régimen de aislamiento y solicitó la inmediata libertad del acusado por considerar ilegal la forma en la que permanece detenido. En caso de que ese pedido no sea aceptado, reclamó que sea trasladado a otro establecimiento penitenciario o que se modifiquen sus condiciones de alojamiento.
Como parte del hábeas corpus, la defensa exigió que Valverde Victoriano pueda mantener contacto con su familia en Perú. El pedido contempla la autorización para realizar videollamadas con su madre y su hermana al menos dos veces por semana.
El planteo será analizado por la Justicia Federal, que deberá determinar si las condiciones denunciadas vulneran los derechos del detenido o si corresponden al régimen de seguridad dispuesto para su alojamiento.
La defensa también apeló el procesamiento dictado por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N.º 2 de Morón. El abogado cuestionó que la resolución contenga una “imputación genérica y precaria” y sostuvo que no se individualizó cuál habría sido la participación concreta de “Pequeño J” en los hechos investigados.
Según la presentación, el fallo lo ubica como integrante de una organización criminal y le atribuye haber realizado “aportes esenciales” al plan que terminó con el asesinato de las tres jóvenes. Sin embargo, la defensa afirmó que no se precisaron las acciones específicas que habría llevado adelante, cuándo habrían ocurrido ni qué pruebas objetivas sostienen la acusación.
Otro de los puntos centrales de la apelación está relacionado con la valoración del material probatorio incorporado a la investigación. El abogado sostuvo que el procesamiento se apoya principalmente en testimonios que presentarían contradicciones y que, según su postura, no contarían con corroboración externa suficiente.
Además, señaló que no existen registros materiales, comunicaciones u otros elementos objetivos que permitan ubicar de manera concluyente al acusado en el lugar de los hechos. La defensa también negó que esté acreditada su participación en la planificación, el traslado, el cautiverio o el asesinato de las víctimas. Por estos motivos, pidió que la Cámara Federal revoque el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo de mil millones de pesos.
“Pequeño J” está imputado por homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género. La Justicia lo investiga como uno de los presuntos responsables de los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.
Luego de que se conocieran los crímenes, Valverde Victoriano abandonó el conurbano bonaerense y permaneció prófugo durante más de diez días. Finalmente fue detenido en Pucusana, una localidad situada al sur de Lima, Perú, luego de una búsqueda internacional. Ahora, la Justicia deberá resolver los recursos presentados por su defensa, tanto en relación con las condiciones de detención como respecto de su procesamiento en la causa.
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