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SUSCRIBITEEl exjefe comunal de Aguas Blancas continúa prófugo y pesa sobre él una orden de captura. El procedimiento incluyó 32 allanamientos y dejó 11 detenidos.
El exintendente “Conejo” Martínez se fugó antes de ser detenido por “narcolavado”.
Carlos Conejo Martínez, exintendente de Aguas Blancas, logró evadir el operativo de detención el sábado, cuando las fuerzas federales se disponían a arrestarlo en el marco de una causa que lo investiga como supuesto líder de una estructura dedicada al narcolavado.
La fuga abrió interrogantes sobre la posibilidad de que Martínez hubiera sido alertado previamente sobre el procedimiento mediante una filtración de información, aunque por el momento esa hipótesis no fue confirmada.
Martínez continúa fuera del alcance de las autoridades y pesa sobre él una orden de captura. El operativo desplegado en el marco de la causa incluyó 32 procedimientos de allanamiento y terminó con 11 detenidos, entre ellos personas pertenecientes a su círculo familiar y dos profesionales de la contabilidad. Además, otro de los sospechosos buscados tampoco pudo ser localizado y permanece prófugo.
El expediente fue desarrollado durante aproximadamente dos años de investigación por la Procuraduría de Narcotráfico (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), organismos que funcionan bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Los acusados fueron formalmente imputados este martes durante una audiencia que se prolongó durante seis horas y estuvo a cargo de Gustavo Montoya, juez federal de Orán. Al finalizar la jornada, el magistrado ordenó que siete de los involucrados permanezcan bajo prisión preventiva efectiva y estableció un período de seis meses para que la fiscalía avance hasta completar las tareas de investigación.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que los involucrados habrían formado parte de una estructura delictiva destinada a incorporar al sistema financiero y comercial dinero obtenido mediante el narcotráfico.
Dentro del grupo de personas imputadas figuran Miguel Ángel Martínez, señalado como hijo del supuesto cabecilla; Jessica Elizabeth Martínez, su hija; Nancy Mirta Cordero, su exmujer; y Tamara Tapia, su actual pareja.
Entre los señalados por la Justicia también aparecen los contadores públicos nacionales Orlando Oris Lovera y Julián Manuel Barreiro. De acuerdo con la acusación fiscal, ambos habrían puesto sus conocimientos profesionales al servicio de maniobras destinadas a incorporar dinero al sistema bancario y dar apariencia legal a bienes obtenidos de manera ilícita, mediante su ingreso al circuito financiero formal.
El listado de imputados se completa con Dimas José Ruiz, Rafael Antonio Aragón Rodríguez, Emiliano Pascual Ollarzú, María Cristina Flores y Mauro Alberto Rojas.
En el marco de los procedimientos realizados, las autoridades incautaron 35 teléfonos celulares, junto con computadoras, notebooks y pendrives, que quedaron incorporados a la causa como elementos de interés. A partir de esta evidencia, Montoya habilitó la apertura y realización de peritajes sobre los equipos, además de solicitar a las compañías de telefonía los datos necesarios para examinar el detalle de las comunicaciones, tanto entrantes como salientes.
Al definir las condiciones que deberán cumplir los 11 imputados, el juez Montoya ordenó que siete permanezcan bajo prisión preventiva efectiva. En cuanto a los cuatro restantes, el magistrado optó por imponerles medidas cautelares de menor alcance, entre ellas la obligación de continuar sometidos al proceso, el compromiso de no obstaculizar el avance de la causa y la restricción para abandonar el país por un período de dos meses.
En diciembre de 2025, “Conejo” Martínez recibió una condena en el ámbito de la Justicia provincial que estableció una pena de un año y dos meses de prisión efectiva, además de una inhabilitación por cuatro años para ocupar cargos públicos. La sentencia fue dictada por los delitos de violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional.
Aunque la sentencia contemplaba una pena de prisión efectiva, Martínez recibió el beneficio de cumplirla bajo régimen de arresto domiciliario, por lo que permaneció en su vivienda durante el período establecido. Para cuando se llevó adelante el operativo federal, esa condena ya había sido cumplida en el marco de la causa vinculada al homicidio de su hermano, “Conejo” Martínez.
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