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SUSCRIBITEEl ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se negó a declarar sobre las nuevas maniobras de corrupción en la repartición.
Diego Spagnuolo - ANDIS
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se negó a declarar este martes en el marco de una nueva ronda de indagatorias por el presunto esquema de corrupción que habría funcionado durante su gestión. La investigación apunta a maniobras millonarias vinculadas a la contratación de medicamentos e insumos médicos.
Spagnuolo fue el primero en presentarse ante el fiscal Franco Picardi y el Juzgado Federal N° 11, minutos antes de las 9 de la mañana. Tras permanecer cerca de una hora en el edificio judicial, evitó responder preguntas de la prensa y se limitó a señalar que no sería su única oportunidad para declarar.
Luego fue el turno de Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud y considerado el “número dos” de la ANDIS durante la gestión investigada. Ambos se encuentran procesados en la causa, aunque esa decisión aún está siendo revisada por la Cámara Federal.
El juez Ariel Lijo ordenó ampliar las indagatorias a pedido de los fiscales Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Además de Spagnuolo y Garbellini, fueron citados el lobista Miguel Ángel Calvete —actualmente detenido— y los empresarios Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.
En total, se prevé que 35 imputados desfilen por los tribunales de Comodoro Py durante este mes y el próximo.
La principal acusación sostiene que los involucrados integraban una asociación ilícita destinada a cometer fraudes contra la administración pública. Según la investigación, se manipulaban procesos de contratación para la provisión de medicamentos e insumos del Programa Federal Incluir Salud.
Entre las maniobras detectadas se encuentran la simulación de competencia entre empresas, el direccionamiento de adjudicaciones y el pago de dádivas a funcionarios a cambio de beneficios económicos.
Las irregularidades habrían afectado la compra de insumos de alto costo, como prótesis, audífonos, implantes, medicamentos para enfermedades crónicas y tratamientos de alta complejidad destinados a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con la causa, algunas empresas habrían participado como “competidores simulados” en licitaciones previamente direccionadas. En el rubro de medicamentos, cuatro firmas fueron invitadas a un sistema de contratación especial, aunque dos de ellas habrían actuado de forma coordinada.
Estas maniobras derivaron en al menos 21 licitaciones por más de 30 mil millones de pesos, con una fuerte concentración en dos compañías que habrían recibido más del 90% de las adjudicaciones.
En otros rubros, como implantes auditivos y dispositivos médicos, también se registraron adjudicaciones millonarias con un esquema similar, acumulando miles de millones de pesos en contratos.
Los fiscales señalaron además que el esquema se habría apoyado en el uso irregular del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en 2024. A través de esta herramienta, se habrían canalizado las contrataciones de manera direccionada hacia proveedores vinculados.
La investigación sostiene que todo el mecanismo violaba principios básicos de la administración pública, como la transparencia, la publicidad y la libre competencia.
El expediente continúa avanzando con nuevas indagatorias y medidas judiciales. La causa busca determinar el alcance total de las maniobras y las responsabilidades de cada uno de los imputados en un caso que podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción en el área de discapacidad en los últimos años.
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