La Fiscalía de Investigación Penal N° 2 promovió las imputaciones contra varios intendentes y ex intendentes de las principales ciudades de la provincia en el marco de la Megacausa que investiga el faltante de más de 1.000 millones de pesos.

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Se trata de Raúl Jorge de San Salvador de Jujuy, Elsa Flores de Calilegua, Julio Moisés de San Pedro, Jorge Alé de Libertador General San Martín, Alberto Ortiz de Palpalá, Sergio Bautista de La Esperanza, Adrián Mendieta de El Carmen, Nilson Ortega de Monterrico, Rolando Ficoseco de Perico y Aldo Herrera de Humahuaca. Cabe destacar que varios de ellos ya no están en funciones.

Todos ellos son investigados como partícipes necesarios del delito de fraude a la administración pública por administración infiel.

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Según indicaron desde la Fiscalía, “está acreditado el grado de sospecha de estas personas porque tuvieron una intervención relevante que conllevaba a defraudar al estado provincial a través de la utilización de la propia estructura estatal”.

“La estructura estatal dejó de cumplir sus objetivos institucionales y legales de control en la ejecución y aplicación de fondos para la construcción de viviendas”, agrega.

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“El plan delictivo consistió en no ejecutar, o hacerlo de forma anómala, la construcción de viviendas en distintos municipios a cargo de las cooperativas pertenecientes a la Tupac Amaru”, asegura la Fiscalía de Investigación Penal N° 2.

Argumentan que todo esto surge de distintos elementos de prueba como informes del Ministerio de Infraestructura, ministerio de Hacienda, Tribunal de Cuentas, la U. E. P., departamento contable del Ministerio Público de la Acusación, la Subsecretaría de Viviendas de la Nación, y el IVUJ; un relevamiento efectuado por el Departamento de Arquitectura; y alrededor de 25 declaraciones testimoniales.

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Julio Moisés: “Yo no tengo nada que ver, no fui socio ni recibí un peso de Sala, hay otros responsables”

Jorge Alé: “Los intendentes no teníamos nada que ver, había una cuenta especial se armaban expedientes como una formalidad, nosotros les emitíamos los cheques y ellos los retiraban y cobraban. Todo el control lo ejercía la Unidad Ejecutora que fue creada a tal fin”

El defensor legal de Nilson Ortega dijo que ellos eran “un especie de pasamanos” de los fondos y dijo que quienes deberían estar dando explicaciones son los funcionarios nacionales. “Los intendentes actuaron bajo coacción. Estas cosas se impusieron desde nación y la provincia también era rehén del sistema”, agregó. “Si no entregábamos los fondos, pasaba lo que todos sabían”, dijo Ortega y evitó ampliar el concepto y anticipó que lo hará ante el juez.

“Son muchos los involucrados, falta mucha gente. Las cooperativas y los adherentes a Milagro Sala”, comentó Rolando Ficoseco y no quiso confirmar que fue presionado, pero enfatizó “no puedo temer nada”.

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