El Gobierno impulsa en el Congreso la reforma que reduce la edad de imputabilidad

El texto original no contemplaba recursos asignados ni figuraban en el Presupuesto 2026. No obstante, Menem aseguró que esta vez sí se incluirán fondos para su ejecución.

El proyecto ingresó por Diputados.

De este modo, quedó definido en el artículo 51, bajo el apartado de Asignación Presupuestaria. El presupuesto 2026 establece un monto específico de $23.739.155.303,08 para poner en marcha la reforma, detallando qué porción corresponde al Ministerio de Justicia y cuál a la Defensoría General de la Nación.

El borrador de la ley conserva la propuesta de reducir la edad de responsabilidad penal a 13 años para hechos graves como homicidios, asaltos con violencia, agresiones sexuales o secuestros. A su vez, se prevé un régimen específico para adolescentes, distinto al de los adultos, con condenas máximas que podrían alcanzar los 20 años de prisión.

Régimen penal juvenil y penas máximas

“El objetivo que señala el proyecto que persigue es darle una respuesta a los casos de inseguridad protagonizados por adolescentes y busca evitar que redes criminales utilicen a menores, quienes hoy son inimputables antes de los 16 años”, explican desde el oficialismo.

El régimen penal juvenil del Gobierno también establece la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados.

Respecto al procedimiento judicial, los jueces podrán aplicar medidas de privación de libertad en casos graves para menores de hasta 15 años, aunque se priorizará la reinserción social. Para infracciones menos graves, se prevén sanciones alternativas, como trabajos comunitarios, medidas de reparación y otras disposiciones no privativas de la libertad.

Otro tema que generó debate durante el año pasado y que probablemente se ajuste nuevamente en esta versión del proyecto es el de la duración máxima de las condenas.

Según el acuerdo alcanzado entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, se fijó un tope de 15 años de cárcel únicamente para delitos graves, como homicidios, agresiones sexuales o secuestros. Para el resto de las conductas, especialmente aquellas con penas de hasta 3 años, se priorizarán sanciones alternativas, incluyendo trabajos comunitarios, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y medidas de reparación del daño ocasionado.

El texto de la norma mantiene la intención de bajar la edad de punibilidad a 13 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.

La imposición de penas privativas de libertad se plantearía únicamente como una medida excepcional. El proyecto original presentado por el Gobierno contempla sanciones de hasta 20 años, descartando la posibilidad de prisión perpetua, incluso en situaciones de delitos acumulativos o concurrentes.

Centros especializados y garantías para menores

Asimismo, el régimen penal juvenil prevé la creación de centros especializados para menores condenados, garantizando su acceso a educación, atención sanitaria y programas de tratamiento en caso de adicciones. El personal de estos establecimientos deberá contar con formación específica en infancia y adolescencia, y se prohíbe de manera estricta la convivencia con personas privadas de libertad mayores de edad.

El Gobierno envió al Congreso la reforma penal que lleva la edad de imputabilidad a 13 años.

“El proyecto cuenta con el establecimiento de derechos reforzados: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, posibilidad de participar en mediaciones y derecho a ser informadas y escuchadas durante todo el proceso.”

En este aspecto, que se mantiene vigente, se centró la discusión sobre los recursos financieros, los cuales el Gobierno resolvió mediante la opción de concretar convenios entre la Nación y las provincias para la asignación de partidas especiales destinadas a la construcción de los nuevos centros.

La propuesta es la misma conocida el año pasado, pero esta vez incluye los fondos para su aplicación.

Derechos reforzados para víctimas y cronograma legislativo

Desde la perspectiva de las víctimas, la iniciativa incorpora derechos fortalecidos: acceso a asesoramiento legal gratuito, acompañamiento psicológico y social, posibilidad de intervenir en procesos de mediación, y el derecho a recibir información y ser escuchadas a lo largo de todo el procedimiento judicial.

De acuerdo con el calendario difundido por el presidente de la Cámara de Diputados, el bloque La Libertad Avanza prevé que el dictamen se apruebe el miércoles en un plenario de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez, y Presupuesto, con el objetivo de llevar el proyecto al recinto el jueves 12 de febrero.